¡El gobierno mexicano ha decidido tomar cartas en el asunto con los precios de la gasolina y el diésel! Me parece una medida audaz, aunque quizás un poco tardía, la de exhibir públicamente a las gasolineras que se pasan de la raya con sus tarifas. La idea de colocar lonas visibles en aquellos establecimientos que, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “se vuelan la barda” con sus precios, es una forma de darle poder al consumidor. En un momento en que el precio del petróleo está volátil, con el barril rozando los 102-103 dólares por las tensiones geopolíticas, esta estrategia busca, al menos en apariencia, proteger el bolsillo de los ciudadanos.
Lo que me llama la atención es la exclusión de Baja California Sur y Quintana Roo de esta medida. Entiendo que hay razones logísticas, pero me pregunto si esto no podría generar una percepción de desigualdad o si, de hecho, los precios en esas zonas ya responden a dinámicas de mercado muy particulares que hacen inútil la intervención. Personalmente, creo que la transparencia es clave, y esta iniciativa, aunque simbólica para algunos, puede ser un primer paso para concienciar a la gente sobre dónde llenar su tanque.
¿Se imaginan cuánto más caro sería todo sin la intervención del gobierno? La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que, sin el apoyo federal, la gasolina Magna superaría los 30 pesos por litro, y el diésel se dispararía hasta los 32 o 33 pesos. Esto no es poca cosa. El mecanismo de apoyo, que consiste en eliminar impuestos, es, en esencia, una renuncia fiscal del erario. Esto significa que, aunque el precio final parezca estable, el gobierno está absorbiendo una parte del costo. La Magna se mantiene en 24 pesos por litro, un precio que, según se indica, lleva un año sin moverse, y el diésel se intenta mantener en 28 pesos. Lo que me preocupa es la sostenibilidad de estos subsidios a largo plazo, especialmente si las tensiones internacionales persisten y el precio del crudo sigue subiendo.
La cuestión del diésel es especialmente delicada. Sheinbaum ha detectado gasolineras en Morelos, Puebla y Tlaxcala que venden el diésel hasta en 30 pesos, rompiendo el acuerdo de 28 pesos. Esto, en mi opinión, es inaceptable. Si el gobierno está haciendo un esfuerzo para mantener los precios bajos y mitigar el impacto en la canasta básica, es fundamental que todos los actores cumplan. La Profeco no solo revisará, sino que pondrá lonas de advertencia. Me parece una estrategia de “vergüenza pública” que, aunque pueda sonar drástica, podría ser efectiva para disuadir a quienes buscan lucrar de forma desmedida. Además, la habilitación de un mapa virtual en la página de la Profeco para consultar precios en tiempo real es una herramienta fantástica para empoderar al consumidor.
Pero la preocupación del gobierno no se detiene en las gasolineras. La expansión de esta estrategia a productos básicos como el jitomate, la carne de res y la calabacita es, para mí, la parte más crucial. Que la presidenta haya pedido personalmente al secretario de Hacienda que recorra los mercados para verificar precios es una señal de la seriedad del asunto. Atribuir parte del alza a las heladas en Florida es una explicación plausible, pero la advertencia sobre intermediarios y comercializadores que aprovechan la coyuntura es donde reside el verdadero problema. Si no se ataca la especulación y la cadena de intermediación, cualquier medida de control de precios será un parche temporal.
La convocatoria a reuniones con gasolineros, comercializadores del Paquete Anti-Inflacionario y productores de básicos es, en mi opinión, el siguiente paso lógico. El mensaje es claro: “Nadie se debe aprovechar de la situación actual.” Esto no es solo una cuestión económica, es un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad compartida en tiempos difíciles. Lo que esto realmente sugiere es que el gobierno está buscando un frente común para estabilizar la economía y proteger a las familias mexicanas. Me pregunto si estas reuniones lograrán acuerdos vinculantes o si serán solo un ejercicio de diálogo. La clave estará en la implementación y el seguimiento. ¿Qué pasará si algunos actores no cumplen? Esa es la pregunta que me ronda la cabeza. Al final, la efectividad de estas medidas dependerá de la voluntad de todos los involucrados de remar en la misma dirección, y de la capacidad del gobierno para hacer cumplir los acuerdos. ¿Qué opinas tú sobre estas medidas y su posible impacto real en tu día a día?
